Derecho a la salud: Derecho al aborto: Derecho ciudadano

La salud es entendida como el nivel más alto posible de bienestar físico, psicológico y social (Salleras citado en Rodríguez, 2001) y no la mera ausencia de enfermedad (Rodríguez, 2001). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Por lo tanto, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y con plena libertad para decidir procrear o no, cuando y con que frecuencia.” (Proyecto de Ley, pág 40)
Cuando se habla de salud se refiere a un concepto integral y holista que incorpora la noción de desarrollo máximo de las capacidades de las personas apuntando a la autorrealización, considerando además a la salud como un derecho, pero a su vez una responsabilidad personal. Esto implica que la salud incluye el tratamiento, rehabilitación, prevención, promoción y abordaje de las consecuencias sintomáticas (Marín en Rodríguez, 2001).
Conectando el concepto de salud con el de salud sexual y reproductiva, se puede deducir que las personas en su sentido de responsabilidad personal, pueden y deben tomar las decisiones que consideren necesarias para alcanzar un estado de salud óptima.
La sexualidad y el cuerpo son dimensiones fundamentales de la vida humana y del desarrollo del potencial político y moral de los individuos. En este sentido es que sería el cuerpo donde empieza la democracia, pues es el cuerpo entero el que conoce y actúa (Chiarotti, 2004). La posibilidad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo es uno de los ejes centrales desde el cual se reclama el derecho a la ciudadanía de las mujeres. Y las condiciones para que ese derecho sea pleno en su ejercicio, las debe brindar el Estado, independiente de las creencias que profese, pues darle predominancia a una sola religión y permitirle la injerencia en asuntos del Estado, significa violar la igualdad religiosa y la libertad de culto. Entonces el reclamo por el derecho al aborto se relaciona con la defensa del pluralismo y de un Estado laico (Chiarotti, 2004). Considerando estos elementos, revive la ya conocida frase dentro del movimiento feminista “lo personal es político”.Cuando se propone el derecho al aborto se apela al sentido democrático, pues se está haciendo referencia al respeto por la individualidad y la diversidad de opciones y posiciones (que son múltiples) de las mujeres ante un embarazo.
Existe una estrecha vinculación del concepto de salud -como la búsqueda de la autorrealización o bienestar- y el derecho al aborto, pues se entiende que toda vez que una mujer opta por este, es por considerar -en ese momento- que es la mejor alternativa que tiene para enfrentar la vida. La maternidad no se constituye para todas las mujeres como un deber o un instinto, y en consecuencia, existe la posibilidad ante el embarazo de optar por ser madre y optar por no serlo.
Sin duda existen diversas razones por las cuales una mujer llega a embarazarse, desde la mera irresponsabilidad (del hombre y la mujer) en el no uso de métodos anticonceptivos, hasta las situaciones más graves como son las violaciones. Sin embargo, las causas no deben mediar sobre el ejercicio de derechos, más aún cuando se considera que las causas por las cuales las mujeres recurren al aborto son tan diversas, que no cabe discusión alguna, de forma que resulta intrascendente para las mujeres lo que otros puedan decidir. “Para las mujeres el aborto no es tema de discusión, es una realidad que la sienten en carne propia. Es un tema que trasciende la mesa de trajo de burócratas, investigadores o clérigos” (Calle, 2004)
El derecho a decidir va más allá de las causas del embarazo. Es un derecho supra que toda mujer goza o debería gozar, considerando que la maternidad es un asunto personal y particular. La ausencia de una política social frente al tema del aborto se constituye en una práctica de discriminación y de violencia hacia las mujeres, al no respetar el derecho básico a decidir por su cuerpo y su vida.
A pesar que los Convenios y acuerdos internacionales ya han incorporado esta materia, en Chile aún es claro que una de las razones por las cuales se debate tanto frente al tema del aborto radica en la cultura, que ha socializado históricamente la idea de que la maternidad es una condición obligatoria y determinante en la mujer. De este modo, el aborto se constituye en la negación de la maternidad y en la negación de lo que se ha supuesto por mucho tiempo natural en las mujeres: el deseo de un hijo/a. Por lo tanto, se configura en la transgresión más grande que pueda cometer una mujer en una cultura patriarcal. (Salazar, 2004).
Es por una cuestión de discriminación hacia las mujeres que el aborto no es abordado como tema para evitar su instalación como política pública. Las más afectadas siguen siendo las mujeres más pobres que son quienes acuden a servicios clandestinos, inseguros e insalubres, lo que generalmente las lleva a tener complicaciones causadas por el aborto y probablemente la muerte. (Foro red de salud y derechos sexuales y reproductivos y RSMLAC, 2003)
Además de ser un problema de discriminación, es un problema de justicia social, en cuanto que las posibilidades de recibir un servicio seguro depende de las posibilidades económicas de cada mujer. Es un problema de derechos humanos pues se violan una amplia gama de derechos que son contenidos en el derecho internacional y en las Convenciones y acuerdos internacionales a los que Chile se ha suscrito. Se constituye en un problema de salud pública en tanto que el aborto inseguro trae riesgos y daños evitables, como es el más grave de ellos la mortalidad materna. (Foro red de salud y derechos sexuales y reproductivos y RSMLAC, 2003)
Todo esto ocurre aún cuando Chile ha asumido compromisos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo el año 1994, entre otros, en relación al aborto en el cual se señala lo siguiente:
Los Gobiernos deberían tomar medidas oportunas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en ningún caso debería promoverse como método de planificación de la familia, y proporcionar en todos los casos un trato humanitario y orientación a las mujeres que han recurrido al aborto. (Foro red de salud y derechos sexuales y reproductivos y RSMLAC, 2003)
Por otra parte se indica:
… “se insta a todos los gobiernos ….a ocuparse de los efectos en la salud que tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia…..en todos los casos, las mujeres deben tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos….” (Foro red de salud y derechos sexuales y reproductivos y RSMLAC, 2003)
En resumen, el Gobierno de Chile no ha dedicado interés al tema del aborto como problemática de salud y como derecho ciudadano, ni siquiera en lo que respecta a los compromisos asumidos en la Conferencia de El Cairo, en materia de atención humanizada. Las explicaciones que puede dar el Estado son diversas y entre ellas se encuentra la conocida justificación que indica que de legalizar el aborto, el porcentaje de éstos aumentaría. Sin embargo, sólo basta considerar que en América Latina, región donde el aborto sigue siendo considerado un crimen, la tasa de abortos es mucho más elevada que en Europa Occidental o Estado Unidos donde, en general, es legal. (Derecho al aborto en América Latina, 2006).
En definitiva, cuando se habla del derecho a la salud, se habla de ciudadanía y ésta es entendida como la titularidad y ejercicio de derechos ciudadanos, tales como los civiles, políticos, económicos, sociales y aquellos más nuevos de las sociedades modernas, denominados de segunda y tercera generación como es el caso de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto implica que en el pleno ejercicio de éstos, hombres y mujeres deben ser capaces de ejercer igualdad de condiciones para desenvolverse en sociedad, no sufrir discriminación en ese ejercicio y el Estado ofrecer las condiciones para cumplir el ejercicio ciudadano.

Zicri Orellana Rojas